Estados eficaces, empresas responsables, ciudadanía activa
La revista UNO nos invita a reflexionar sobre la relación entre sector privado y público tras la Gran Recesión, calificación que sin duda podemos dar a la crisis más grave que el mundo ha vivido en 80 años y que aún estamos en proceso de superación. Las espirales que está dibujando y las dificultades que encontramos para salir de ellas no nos permiten afirmar aún que estemos en una etapa post-crisis.
La reflexión debería dirigirse a cómo redefinir la ecuación empresa-administraciones públicas para lograr la salida de la crisis
Por el contrario, creo que superar la crisis de la deuda, el lastre del desempleo y la parálisis en el crecimiento, nos va a exigir a todos –muy especialmente a los europeos– grandes sacrificios, un notable esfuerzo y ambición política. Y no por poco tiempo.
Por lo tanto, la reflexión a realizar, más que respecto a la forma en que las relaciones entre empresas y administraciones públicas quedarán configuradas tras esta crisis, debería ser cómo redefinir esta ecuación para lograr una salida de la crisis.
Pero no cualquier salida, sino una que nos permita emprender una senda de desarrollo sostenible. Un desarrollo económicamente sano y competitivo, socialmente equitativo y ecológicamente prudente que permita crear empleo de calidad en un mundo en profundo cambio. Un mundo que no volverá a ser como lo conocimos.
¿Por qué creo que una de las claves de la superación de la crisis es precisamente el adecuado entendimiento compartido del papel de los Estados y de su función regulatoria? Pues porque precisamente en el dogmatismo antiestatista reside buena parte del origen de esta crisis.
La profunda revisión conservadora de la economía de mercado y del Estado de bienestar de los años 80 convirtió en ortodoxia económica las políticas de liberalización, desregulación y adelgazamiento del Estado. Reagan expresó mejor que nadie este “culto” liberal con su conocida frase “el Gobierno no es la solución, es el problema”.
Este dogmatismo ha sido identificado hasta por el propio FMI como una de las razones que explican que hasta 2008 se alentaran de forma generalizada el uso de los instrumentos financieros innovadores y prácticas imprudentes que desencadenaron la crisis. El alud de mensajes optimistas sobre la capacidad de los mercados de auto-regularse no dejó espacio para las señales de alarma ni para las opiniones críticas.
La crisis financiera y la caída de Lehman Brothers parecían haber dado la puntilla a este catecismo anti-público. Llegamos a oír anuncios de refundación del capitalismo pronunciados por líderes conservadores europeos y en el G-20 se anunciaron profundas reformas. Pese a ello, en cuanto la crisis pareció darnos un respiro, se desinfló el ánimo reformista y la ortodoxia neoliberal recuperó aliento.
La reciente recaída global del crecimiento y una crisis del euro que se agrava por momentos, exigen más que nunca corresponsabilidad y un reequilibrio de los papeles de los agentes sociales, políticos y económicos. Para superar este momento histórico necesitamos Estados eficaces, empresas responsables y una ciudadanía activa.
El Estado no debe subordinarse totalmente al mercado ni, por ello, confiar ciegamente en la autorregulación de la economía. No puede renunciar a ejercer su responsabilidad como regulador y supervisor. La política debe prevalecer sobre la economía, y por eso el Estado debe desarrollar reglas que protejan a los más débiles, alienten los comportamientos responsables y faciliten una mejor participación de la sociedad en la definición de las políticas. Igualmente debe asegurar el cumplimiento de las normas con su irrenunciable tarea de supervisión y control.
La empresa es cada vez más un factor clave de conformación del entorno laboral, económico, medioambiental y hasta de las relaciones políticas y sociales
Pero creo que, además, el Estado debe impulsar las reformas del modelo de desarrollo económico que demandan los cambios que se están produciendo en el mundo y la gravedad de la crisis. Reformas en la política fiscal, en la gestión del Estado de Bienestar, en la estructura productiva, en las relaciones internacionales, en la política energética o en el sistema financiero que los pongan al servicio de un desarrollo más sostenible.
La empresa además del principal protagonista de la innovación, la creación de riqueza y de empleo, es cada vez más un factor clave de conformación del entorno laboral, del entorno económico, del medio ambiente, y hasta de las relaciones políticas y sociales.
Finalmente, la sociedad civil cuenta cada vez con más herramientas para conocer y divulgar los comportamientos empresariales en todos estos ámbitos. Y crece la conciencia de premiar los comportamientos responsables y de sancionar los negativos.
En la redefinición de la ecuación entre los tres, estoy convencido de que un papel activo del Estado en definir un marco regulatorio claro y en establecer un fomento de los comportamientos socialmente responsables, no es un freno al desarrollo de la creatividad de la empresa privada. Más bien al contrario, es la mejor garantía de seguridad para las inversiones empresariales con potencial de generar valor compartido para el conjunto de la sociedad.
En definitiva, para superar la crisis necesitamos generalizar la cultura de la excelencia que conlleva una actuación socialmente responsable. Sólo desde ella las empresas podrán asegurar su competitividad en el mundo globalizado, los Estados encontrar legitimación para su papel activo y la sociedad progresar con equidad.